Nicolas Zevallos Trigoso: Diez lineamientos políticos y de política para la Seguridad pública

En el documento «Diez lineamientos políticos y de política para la Seguridad pública», escrito en el marco del libro “Propuestas para Gobernar el Perú” (Roca, 2026) se presenta un análisis estructurado sobre la actual situación de la criminalidad en el Perú y en la región latinoamericana. Se expone que la inseguridad contemporánea no se explica exclusivamente a través del incremento de las tasas delictivas, sino que responde a la consolidación de ecosistemas criminales globales y descentralizados. Se señala que estas redes aprovechan condiciones estructurales críticas, como la alta informalidad económica en la que labora más del 70 % de la población del país, para sostener y expandir mercados ilegales.

Al examinar la respuesta estatal frente a estas amenazas, se diagnostica que el aparato institucional tiende a reaccionar mediante la implementación de medidas genéricas y de carácter predominantemente operativo, eludiendo la discusión doctrinaria y política. Se indica que este vacío conceptual genera un uso superpuesto de términos rectores y provoca que la operatividad se perciba como un fin autorreferente. Para modificar esta dinámica, se sugiere fundamentar las estrategias en disciplinas como la criminología y en la evidencia científica rigurosa, redefiniendo la seguridad como un servicio público y una condición indispensable para el desarrollo humano.

Para operacionalizar este enfoque, se propone un inventario de políticas agrupado en cuatro bloques estratégicos:

• Definir el propósito de protección: Se debe posicionar la seguridad ciudadana como una condición para el desarrollo humano y económico, abandonando los enfoques institucionales autorreferentes.
• Retomar el debate doctrinario: Se considera imperativo institucionalizar espacios permanentes de discusión política y técnica para orientar la operatividad de las fuerzas del orden.
• Establecer un alineamiento conceptual: Se necesita estandarizar y delimitar el uso de términos rectores para evitar la superposición de competencias en el aparato estatal.
• Reconocer la complejidad de los ecosistemas criminales: Se plantea diferenciar las estructuras transnacionales, que actúan como pivotes logísticos, de las organizaciones locales que ejercen violencia directa.
• Incorporar la ciencia al diseño: Se requiere utilizar la investigación criminológica para comprender los múltiples factores asociados a los fenómenos delictivos contemporáneos.
• Diseñar medidas diferenciadas y locales: Se insta a erradicar las estrategias genéricas y formular respuestas tácticas adaptadas a las estructuras de oportunidad de cada territorio.
• Ejecutar un alineamiento institucional: Se demanda interconectar normativas, instrumentos de gestión y presupuestos entre la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial.
• Impulsar la investigación científica e innovación: Se prioriza la financiación de soluciones tecnológicas locales sobre la importación de modelos foráneos.
• Comprender la secuencia lógica de intervención: Se estipula iniciar la acción pública con inteligencia criminal y prevención, para luego proceder con la investigación, sanción y reparación.
• Aplicar un enfoque de servicios: Se establece que la política de seguridad debe orientarse a la generación de valor público y la restitución del bienestar ciudadano.

Posteriormente, se identifican las barreras institucionales que dificultan la implementación de estas reformas, destacando la fragmentación política entre instituciones y la ineficiencia en la ejecución del gasto público. Asimismo, se advierte sobre la presión por resultados inmediatos, ante lo cual se sugiere estructurar las políticas mediante «triunfos rápidos» que permitan recuperar la legitimidad institucional de manera escalonada.

Hacia el final del documento, se plantea la necesidad de que la próxima administración gubernamental articule un pacto nacional orientado al bien común, evitando estrategias sustentadas en el populismo punitivo. Se concluye que la revisión de este texto proporciona un marco analítico estructurado, aportando elementos conceptuales necesarios para el debate sobre una reforma institucional basada en la evidencia.

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