Mag. Oscar Vásquez: comprender al adolescente en conflicto con la ley penal para intervenir mejor

Con una trayectoria que cruza el derecho, las políticas sociales y la justicia restaurativa, el Mag. Oscar Vásquez coordina un diplomado que combina criminología aplicada y derecho penal juvenil para formar a profesionales vinculados o interesados enel sistema de justicia penal juvenil con una mirada más completa, más crítica y más efectiva. 

Hay una pregunta que el sistema de justicia penal juvenil rara vez se hace con suficiente profundidad: ¿por qué un adolescente llega hasta ahí? Responderla no es solo un ejercicio académico. Es la condición para intervenir bien, para evitar que ese adolescente profundice una carrera delictiva y para que el sistema cumpla su función. 

Desde esa convicción trabaja el Mag. Oscar Vásquez Bermejo, abogado y magíster en Políticas Sociales con mención en Infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en justicia juvenil restaurativa por la Universidad de Ginebra y una trayectoria que incluye consultorías para el Ministerio de Justicia, Ministerio Público  y docencia en la Academia de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público, y trabajo en proyectos de justicia juvenil restaurativa en varios países de América Latina. 

Ese recorrido es el que hoy estructura el Diplomado de Especialización en Criminología y Justicia Penal Juvenil de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que el Mag. Vásquez coordina. 

Cuatro preguntas, cuatro cursos 

El diseño del programa parte de una lógica que el coordinador describe con claridad: seguir al adolescente desde que ingresa al sistema hasta que sale. Eso se traduce en cuatro cursos que responden, cada uno, a una pregunta central. 

• El primero pregunta por qué los adolescentes cometen infracciones: cuáles son las características de la delincuencia juvenil, qué factores la explican y cómo se produce el ingreso al sistema.  

• El segundo aborda cómo debería responder el Estado a la mayoría de los casos —aquellos que no involucran infracciones graves— a través de la desjudicialización, las salidas alternativas y los mecanismos restaurativos.  

• El tercero analiza el proceso judicial y cómo los actores —jueces, fiscales, defensores públicos— participan en la determinación de la medida socioeducativa.  

• El cuarto examina qué ocurre después: la ejecución de esa medida, el tratamiento y las posibilidades reales de reintegración social. 

«Lo más importante no está solo en la comprensión de todo esto, sino sobre todo en que los operadores puedan resolver problemas a través de casos concretos y específicos», señala el Mag. Vásquez. 

El estudiante como protagonista 

El diplomado rompe con el modelo tradicional de los Diplomados donde el expositor es el centro del proceso formativo. Aquí, el protagonista es el propio participante, que llega con problemas reales de su práctica profesional y los trabaja a lo largo del curso con apoyo de expertos y herramientas conceptuales. 

La metodología combina tres elementos.  

• El primero es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): en cada curso, el participante plantea un problema de su entorno laboral y, semana a semana, lo conceptualiza, analiza y propone soluciones.  

• El segundo es el capstone: cada semana se produce un entregable parcial que, al final del curso, se integra en un trabajo completo.  

• El tercero es la inteligencia artificial, que se enseña como herramienta de apoyo para la búsqueda de información, el análisis de casos y la toma de decisiones fundadas. 

«Es una metodología innovadora, al menos en el Perú, y pionera en América Latina en cuanto a integrar el enfoque criminológico con el jurídico y con el aprendizaje basado en problemas», afirma el coordinador. 

La ventaja de integrar criminología y derecho 

La mayoría de los programas dirigidos a jueces, fiscales y defensores públicos tienen un enfoque exclusivamente jurídico: enseñan la norma y su aplicación. Este diplomado hace algo distinto: añade la mirada criminológica, que permite analizar los fenómenos desde una base científica más amplia. 

Esa combinación tiene consecuencias prácticas. Un juez que comprende los factores que llevaron a un adolescente a infringir está mejor equipado para determinar una medida socioeducativa pertinente. Un fiscal que conoce la evidencia sobre la efectividad de los mecanismos restaurativos tiene más argumentos para proponer salidas alternativas al proceso judicial. «Van a poder reflexionar sobre su práctica profesional y mejorarla a partir de un análisis más científico», explica el Mag. Vásquez. 

Una plana docente que combina práctica nacional e internacional 

El programa reúne docentes que ejercen en el sistema y expertos internacionales de referencia en el campo. Entre los nacionales, el juez superior José Yvan Saravia Quispe, con especialización en derecho de la niñez, y la abogada Claudia Félix Pacheco, especialista en justicia penal juvenil con participación en la elaboración del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

Entre los conferencistas internacionales, el programa cuenta con Emilio Cunjama López, doctor en Ciencias Penales y director del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios de México, especializado en violencia juvenil; José Atilio Álvarez, defensor público de menores durante 44 años en Argentina y representante ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; Tomás Montero Hernanz, doctor en Derecho y autor de referencia en justicia penal juvenil de la Universidad de Valladolid; y Diego Silva Balerio, doctor en Psicología y educador social uruguayo con vasta experiencia en proyectos socioeducativos con adolescentes en conflicto con la ley. 

Un programa para el sistema 

El diplomado está pensado para los operadores y profesionales interesados en el sistema de justicia penal juvenil, pero su alcance va más allá de los profesionales del derecho. La justicia juvenil es, por definición, interdisciplinaria: requiere la mirada del psicólogo, el trabajador social y el educador para funcionar bien. 

«Lo ideal sería que puedan integrar también los equipos técnicos», señala el Mag. Vásquez. Esa apertura responde a una lectura del sistema tal como opera en la práctica: el sistema de justicia penal juvenil es un sistema especializado que requiere la participación, en apoyo de los jueces, fiscales y defensores públicos de equipos técnicos especializados que trabajan directamente con los adolescentes a lo largo del proceso judicial y en los centros juveniles cerrados y de medio abierto. Formarlos con la misma profundidad que a los operadores jurídicos es parte del cambio que el programa busca impulsar.